La urgencia de invertir en la Tierra

invest in our planet

Dr. Cristián Frêne Conget. Director ejecutivo Red de Sitios de Estudios Socioecológicos de Largo Plazo (LTSER) Chile, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).  

Los diversos ecosistemas que conforman la Tierra brindan beneficios a las sociedades humanas que los habitan. La utilización de los ecosistemas por parte de la humanidad afecta su composición, estructura y funciones. La sociedad en su conjunto, pero en particular las comunidades locales, son fuertemente dependientes y ligadas a un determinado ecosistema, porque afectan y son afectadas por los ecosistemas que habitan. Los ecosistemas también dan forma y modifican el comportamiento humano y, como tal, nuestra cultura y organización social. La comprensión de su funcionamiento es esencial para una gestión que garantice tanto el bienestar social a largo plazo, como la justicia ambiental intergeneracional. Factores antropogénicos como el cambio climático, el cambio de uso del suelo, los incendios, la invasión de especies exóticas, la sobreexplotación y contaminación de ecosistemas terrestres y marinos, nos demandan estudiar las interacciones entre los sistemas ecológicos y sociales, para construir capacidades de adaptación frente a las condiciones ambientales cambiantes y el aumento en la frecuencia de anomalías climáticas.

La investigación socio-ecológica de largo plazo ayuda en nuestra comprensión de los vínculos entre los sistemas humanos y ecológicos, teniendo en cuenta su dinámica y complejidad, que solo pueden evaluarse si identificamos las interacciones clave entre ellos. Puede informar cómo los sistemas humanos (p.e. políticas y leyes, urbanización, tecnología y comportamiento) regulan la resiliencia de los ecosistemas que, a su vez, retroalimentan al sistema social humano en forma de servicios ecosistémicos clave para nuestro bienestar, como la provisión de agua y alimentos, la formación de suelos, la purificación del aire y el agua, la recreación, los valores espirituales y estéticos, entre otros.

“Invertir en nuestro planeta” es el lema de esta nueva conmemoración del Día de la Tierra. En Chile, las últimas décadas han sido testigo de una creciente presión sobre el medio ambiente, causando daños a los ecosistemas naturales, así como una alta dependencia de los mercados externos y un aumento de la desigualdad económica y social. Los sectores minero, agrícola, forestal, pesquero y acuícola hacen uso de los ecosistemas locales y en muchos casos generan problemas ecológicos, como la sobre explotación de biomasa o minerales, la contaminación de suelos, aire y agua, con serios impactos para los habitantes locales. La situación de los principales sectores productivos chilenos puede describirse como: primero, la minería ha mejorado algo su enfoque, especialmente en el sector de la gran minería, que intenta apegarse a los estándares internacionales. Sin embargo, aún existen efectos significativos sobre los ecosistemas y los habitantes de las zonas mineras, como la creciente presión sobre los costos ambientales de extracción y transporte, los pasivos ambientales que plantean los relaves abandonados y las minas en desuso, junto con el volumen de agua superficial y subterránea extraída. En segundo lugar, los sistemas agrícolas y forestales continúan enfrentando los mismos problemas que en el pasado: la fragilidad de los ecosistemas junto con prácticas de gestión insostenibles, moldeadas por patrones de acaparamiento de la propiedad de la tierra y el agua, así como una alta demanda de agua para los procesos productivos, se suma a la mayor frecuencia e intensidad de incendios que destruyen la vida y fertilidad del suelo. Tercero, los recursos marinos continúan siendo sobreexplotados, ya que muchas pesquerías se han derrumbado y se considera que los cultivos de salmón (en continua expansión) es una causa importante de la degradación de lagos, fiordos y canales. Cuarto, el sector industrial basado en recursos naturales continúa causando problemas ambientales por contaminación de suelos, agua y aire. Esto debe cambiar y debido a la urgencia ambiental ¡el cambio debe ser ahora!

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Si queremos coherencia, resulta fundamental que el Estado cuente con una agencia nacional, con oficinas regionales/territoriales, que coordine las diferentes agencias públicas y privadas que monitorean los ecosistemas terrestres y marinos. El futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio del Ambiente, podría asumir esta función de coordinación e interactuar estrechamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para decidir, junto con los habitantes locales y el sector privado, el co-financiamiento de investigación y monitoreo enfocado en la solución de problemas socio-ecológicos a escala local, donde se desarrollan los proyectos de inversión en las áreas productivas que comprende la economía chilena. Para la realidad chilena, esto implica una reorganización de las instituciones públicas, que requiere una estrecha coordinación entre los Ministerios y la definición de un organismo, como el futuro SBAP, que coordine e informe a los demás servicios públicos (CONAF, SAG, DGA, SERNAGEOMIN, etc.). Por otro lado, se requiere una plataforma de datos abiertos, administrada y financiada por el futuro SBAP, que entregue información territorial para mejorar la toma de decisiones en los proyectos de inversión del sector privado y brindar herramientas para la fiscalización y el monitoreo de largo plazo.

Para “Invertir en nuestro planeta” de manera adecuada y consistente es indispensable conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas en interacción con el sistema social. Se requiere del apoyo permanente del Estado, para lograr la operación sostenida de sitios de estudio locales. En este sentido, es fundamental que el Congreso conozca y valore la importancia de este tipo de investigación y genere mecanismos institucionales para financiar de manera permanente la investigación socio-ecológica de largo plazo a escala territorial, con el apoyo de universidades y centros de investigación regionales. Además, es imprescindible adecuar la normativa ambiental vigente, para incorporar el conocimiento científico y el enfoque de ecosistema en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público, para avanzar hacia la gestión responsable de los ecosistemas terrestres y marinos de Chile. Si no lo hacemos, seguiremos transitando a oscuras en un escenario altamente cambiante, donde los ecosistemas naturales pueden darnos respuestas concretas para adaptarnos a los cambios que ocurrirán durante este siglo.

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